Gas shale: La nueva mina de oro

La reforma energética sigue dando de qué hablar.

La iniciativa aprobada en el Congreso de la Unión permitirá que las mineras puedan explotar el gas no convencional en sus territorios.

Esto sin pasar por una licitación.

Las concesiones mineras, que representan hoy la mitad del territorio nacional, tienen el esquema de explotación más parecido a las licencias, recién aprobadas para el sector energético.

La experiencia con las mineras extranjeras en México enciende los focos de alerta sobre cuáles son las condiciones que podrían venir con una apertura energética similar.

Un estudio elaborado en noviembre de este año por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, concluye: “México es un paraíso fiscal para las mineras”.

El estudio se centra en una comparativa con Canadá, de donde provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en el país.

Las cifras del “Estudio de la Minería en México. Un análisis comparado con Canadá” son claras. Allá pagan 16 por ciento de impuestos y 30 dólares por hora a sus trabajadores.

Aquí erogan el 0.004 por ciento al gobierno y los empleados deben conformarse con 3.26 dólares por hora.

Bienvenidos los privados

El potencial de México en la minería lo ubica como el primer productor mundial de bismuto, el tercero en plata, el quinto en plomo, el sexto en molibdeno y zinc.

Luego de una serie de reformas mineras que abrieron la industria al capital privado entre 1982 y 1996, las mineras canadienses controlan la mayor parte de la industria en México.

Con la reforma a la ley ejidal en 1992, pudieron comprar los terrenos para sus minas.

Esta ley permitió una apertura total a los extranjeros, que tuvieron como candado lo mismo que ahora se les pone en la reforma energética.

Solo debían registrar sus empresas como una “sociedad mexicana”, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción a que todo su capital fuera extranjero.

Los ejidatarios, hasta entonces dueños absolutos de las tierras, pudieron desde entonces enajenarlas, rentarlas, “asociarse entre sí, con el Estado y con terceros y otorgar el uso de sus tierras”.

Aunque la Procuraduría Agraria debe por ley asesorar a los ejidatarios sobre las condiciones de estos contratos y los riesgos de vivir cerca de una mina, el informe asegura que “en la práctica no ha intervenido en la mayoría de los casos”.

En estas condiciones, México inició una explotación privada que ahora representa el 2 por ciento del PIB.

Su inversión ha representado 16 mil 700 millones de pesos durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los principales estados mineros son Zacatecas, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo.

Los mineros extranjeros tienen 7 de cada 10 minas instaladas en el país, según la Cámara Minera de México (Camimex).

Los canadienses son mayoritarios. Tienen 207 empresas y 74 por ciento del mercado.

Le sigue Estados Unidos con 43 empresas, China con ocho, Australia con seis y Japón con cinco, según información del Sistema Geológico Mexicano.

Después de la apertura se han registrado en el país 857 proyectos mineros. La mayor parte, 206 de ellos, están en Sonora.

Le sigue en número de proyectos Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y Zacatecas con 66.

Algunos de ellos están a cargo de mineras nacionales. Las más importantes son Grupo México, Industria Peñoles, Frisco y Autlán.

Impuestos de caricatura

México carece de regalías mineras, permite compañías extranjeras y tiene un fuerte apoyo gubernamental

México es considerado mundialmente el quinto país con mayor interés para la inversión minera.

Este sitio no lo ocupa solamente por su potencial, sino porque tiene “tiene bajas tasas de impuestos y carece de regalías mineras.

Además, México permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera, y la repatriación de capital y tiene un fuerte apoyo gubernamental, burocrático y del sector público para la minería”.

De acuerdo con un informe de la minera canadiense Gold Corp, propietaria de los proyectos más importantes del país, el “potencial minero” mexicano radica que “no tiene que contribuir con el erario público, y mucho menos con la comunidad.

“El único impuesto que tiene que pagar es el ISR (impuesto sobre la renta)”, establece el documento elaborado en Segob.

Este impuesto tampoco lo paga, ya que en 1991 se firmó un convenio que evita la doble tributación de empresas canadienses instaladas en México.

El único gravamen similar que pagan son los derechos sobre concesiones mineras, “los cuales son irrisorios al ir de 5.70 pesos a 124.74 pesos por hectárea de tierra concesionada de manera semestral por año de concesión”.

Las principales mineras canadienses en México pagan impuestos que parecen una caricatura frente a lo que erogan en su país de origen.

Como ejemplos, el estudio recoge que la minera First Majestic en La Encantada, Coahuila, pagó el año pasado al gobierno 68 mil 160 pesos de impuestos, es decir, el 0.004 por ciento de sus utilidades brutas.

Una situación similar tiene Fortuna Silver Mine Inc., ubicada en San José, Oaxaca. Erogó al gobierno en 2012 cuatro millones de pesos, esto es, 0.20 por ciento de sus utilidades.

Entre los ejemplos está también TMM en Sonora, cuyos dueños, la compañía Timmins Gold Corp., pagaron 0.039 por ciento de sus ganancias en impuestos: 809 mil pesos.