A veces por conveniencia y otras por obligación, los alcaldes mexicanos se han relacionado con el narcotráfico o han encabezado por sí mismos organizaciones criminales.
Sus historias son públicas. Las conocen los pobladores de sus municipios y las tienen documentadas las autoridades federales. Los medios de comunicación, a veces con recato, también han dado cuenta de ellas.
Era la mañana del 18 de abril de 2012 cuando el entonces alcalde de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, fue detenido durante un enfrentamiento a balazos. Estaba acompañado de otras cinco personas, entre ellas el exalcalde de Minatitlán, Ignacio Trujillo Cortázar. Tras ser detenidos, las fuerzas federales les aseguraron armas largas y cortas, granadas de mano, cargadores, cartuchos útiles y seis vehículos. El alcalde panista fue vinculado con el cártel de Los Zetas y dos meses después el Congreso local le revocó el mandato.
Uno de los casos polémicos y de interés nacional fue la detención en junio de 2011 del exalcalde de Tijuana, el priísta Jorge Hank Rhon. El Ejército entró por la madrugada a su residencia y encontró 88 armas, 78 sin permiso de uso, según señaló en su momento la Procuraduría General de la República, dependencia que reveló de que al menos dos de esas armas fueron utilizadas en dos asesinatos, por separado, de un vendedor de autos y de un guardia de seguridad. El político fue puesto en libertad 10 días después por falta de elementos.
Otro caso que ganó relevancia nacional lo protagonizó Eleuterio Aranda Salgado, alcalde perredista del municipio General Canuto A. Neri, perteneciente a Guerrero. En el pueblo lo conocen como "El Solitario del Sur", su nombre artístico. El edil, además de gobernar ese municipio de 6 mil 500 habitantes, es cantante.
A finales de 2012 fueron difundidas varias fotografías en las que aparecía armado y usaba sombrero y cinturón de hebilla ancha. Más tarde salió a la luz pública un narcocorrido que dedicó a los miembros de La Familia Michoacana, aunque más tarde se dijo arrepentido por eso y se disculpó con los pobladores.
En Sonora, las elecciones de 2012 estuvieron marcadas por la detención del alcalde electo del municipio de Fronteras, Arturo Reyes Trujillo, quien no se presentó a la toma de protesta el 13 de septiembre de ese año porque estaba desaparecido y lo buscaba la PGR por vínculos con el narcotráfico. Después de tres días la preocupación terminó en el PAN, cuando se supo que el alcalde había sido detenido en la Ciudad de México.
Y también en Sonora, desde 1997 la DEA le seguía los pasos al priísta Vicente Terán Uribe, quien ha gobernado el municipio de Agua Prieta en dos ocasiones y lo ha representado en el Congreso local también en dos periodos, financiando él mismo sus campañas. Vicente, a quien le gusta que lo llamen "Mijito", era señalado por la DEA como uno de los más importantes traficantes de cocaína hacia los Estados Unidos, aunque siempre lo negó y la autoridad estadounidense aparentemente cesó las indagatorias.
Otro caso, ocurrido el 14 de octubre de 2012 en San Juan Lachigalla, Oaxaca, involucró al alcalde Leopoldo Melchor Ruiz. Mientras circulaba en una camioneta de doble cabina con el regidor Abelardo Hernández y el tesorero Apolinar Ruiz, fueron detenidos por las fuerzas federales y se les aseguraron dos pistolas tipo escuadra, una fajada a la cintura del alcalde, además de cartuchos útiles y cocaína. Aunque fue puesto a disposición del Ministerio Público, logró su posterior liberación.
El caso más reciente fue el del alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, detenido por agentes de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Se le acusa de proteger las operaciones de una organización criminal que opera en esa zona de Guerrero y de tener relación con al menos 15 casos de secuestro.
EL NARCO LOS OBLIGA
El perredista originario de Guerrero, Elí Camacho Goicoechea, reveló recientemente que cuando fue alcalde del municipio de Coyuca de Catalán se vio obligado a "sellar acuerdos" con los integrantes del crimen organizado para poder gobernar el periodo de 2009 a 2012.
Ahora, como diputado local, el político reconoció que era complicado trabajar así, aunque afirmó que nunca hizo un pacto con el narco. "Simple y sencillamente estuvimos platicando, poniéndonos de acuerdo, que ellos trabajaran en lo de ellos y nosotros en lo nuestro”, les dijo a los reporteros guerrerenses.
El 8 de octubre de 2012, su hermano Euclides, dedicado a la comercialización de autos, fue atacado por hombres armados con fusiles de asalto AK-47, pero resultó ileso porque sus escoltas pudieron resguardarlo.
Además, afrmó que en la actualidad todos los presidentes municipales de Guerrero están siendo presionados por los grupos del crimen organizado que se disputan la plaza.
Esta versión fue confirmada en febrero de 2014 por el vocero del gobierno de Guerrero, José Villanueva Manzanares, quien sostuvo que el gobierno federal ha iniciado investigaciones en contra de los 81 alcaldes por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Antes, el pasado 27 de mayo del 2013, el gobernador Ángel Aguirre dijo que los alcaldes de la zona norte del estado tendrían que deslindarse de la delincuencia organizada, pues tenía informes de que había presidentes municipales ligados al narco.
En Michoacán, donde la violencia se recrudeció por las acciones del cártel de Los Caballeros Templarios, los alcaldes están obligados a negociar con los capos.
En marzo de 2014, los alcaldes de Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán, Tingüindín y Parácuaro admitieron que el cártel los obligaba a entregarles el 10% del dinero proveniente del gobierno federal y los obligaban a contratar a las empresas que ellos eligen y a meter en nómina a personas ligadas al cártel. A los alcaldes incluso les decían dónde debía comprar la papelería.