PGR detiene al año a 35 niños polleros: Save The Children

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) detiene cada año en promedio a 35 menores de edad polleros o coyotes que se dedican al tráfico de personas.

En los últimos cuatro años completos y los primeros siete meses de 2014 se han detenido 158 menores de edad acusados de ayudar a migrantes en su búsqueda de llegar hacia Estados Unidos.

Saúl Sánchez Jiménez, coordinador de Asuntos Jurídicos de la organización Save The Children, considera que el tráfico de personas ha mutado de ser un “negocio familiar” –como en los años 40 o 50– y ahora está más involucrada la delincuencia organizada.

“Era hasta un negocio familiar, si bien no se descartaban delitos, lo cierto es que era gente que se encargaba de mirar cuál era el paso más seguro para poder llevar a la gente de una frontera hacia otra, sobre todo hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando comienzan a recrudecerse las condiciones en México, sobre todo en materia de narcotráfico y comienza el narcotráfico a extender sus redes, miran que traficar con personas también es un negocio y es un negocio sumamente redituable”, afirma.

“Entonces, las familias y los polleros clásicos, históricos, dejan de serlo y tienen dos opciones: o sumarse al crimen organizado o dejar de hacer esa actividad porque ya era monopolio de los grupos del crimen”, añade.

Las bandas del crimen organizado, alerta, utilizan a los menores de edad porque se les puede pagar poco y en caso de ser capturados puede ser menor el castigo en un Consejo Tutelar, entre otros factores.

La problemática debe atenderse, de acuerdo con Saúl Sánchez Jiménez, sin desatender el contexto cultural y siempre en defensa de los derechos del niño, pues estos jóvenes antes de ser delincuentes son también víctimas.

En México, el artículo 159 de la Ley de Migración señala que se impondrá pena de ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objetivo de obtener directa o indirectamente un lucro.

“No hay posibilidades para ellos, hay niños que están siguiendo lo que les dicen los adultos, que es trasladar personas, involucrarse en delitos mucho más fuertes. Creo que si el Estado no mira los vacíos o sus ausencias en materia de infancia y adolescencia, y además no está combatiendo de una manera inteligente al crimen organizado, entonces no es raro que existan 158 niños (en cuatro años y siete meses) presumiblemente responsables del delito de tráfico de personas.

Cualquier medida que tome la autoridad para la atención del problema, de acuerdo con el experto de la organización Save The Children, la tiene que hacer atendiendo el interés superior de la infancia, esto significa que los niños tienen que desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia.

“Si juntamos el contexto con el interés superior, entonces nos llevaría a una conclusión, que los contextos de violencia en los que se están desarrollando los chicos y que muchas veces están siendo forzados a trabajar con el crimen organizado, o crecen ya dentro de familias que están involucradas en el crimen organizado, no tienen posibilidades de desarrollar plenamente sus derechos fundamentales y me refiero a sus capacidades, a sus virtudes, momentos de esparcimiento, a jugar, porque el juego también es aprendizaje”, asevera.

La falta de oportunidades, el involucramiento de las bandas del crimen organizado y el abandono de la autoridad en diferentes zonas de México, crean las condiciones de vida para que los menores de edad se involucren con la delincuencia organizada, como en el traslado de migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida en Estados Unidos.

“Es un caldo de cultivo perfecto, me parece. Hay un informe del Comité sobre los derechos del niño acerca de México y habla justamente de que la falta de oportunidades, las grandes brechas de iniquidad que hay entre poblaciones de niños, no es lo mismo un niño que vive en Polanco a un niño que vive en las montañas de Guerrero o las montañas de Oaxaca o Puebla, que son tres de los estados más pobres del país. Estas brechas realmente no se cierran, se están abriendo más y profundizando”, afirma.

“Es sobre todo la iniquidad y la falta de oportunidades, la ausencia del Estado, las medidas que ha tomado el Estado para sobrellevar este tema no tiene un enfoque de derechos integral, no están considerando el interés superior de la niñez y no están combatiendo de manera inteligente al crimen organizado”, señala el especialista de la organización internacional.

Recuerda que en cualquier contexto, los niños y las niñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad con respecto a los adultos y ello está expuesto en la Convención sobre los derechos del niño, por ello, en la protección de los niños debe involucrar a todos los actores sociales.

“Por principio de cuentas, el máximo y primer garante de los derechos de la niñez es el Estado. El Estado es el que tiene la posibilidad de crear e implementar políticas públicas de corte social eficaces que apuntalen el disfrute pleno de los derechos de la niñez. Sin embargo, también hay otros garantes en segundo término, como la familia nuclear, la sociedad, la comunidad escolar, los medios de comunicación –que tienen una gran responsabilidad–, básicamente esos. Empresas también.”

“No tendría que ser una opción para la iniciativa privada, tendría que ser una obligación, un deber, seguir con ciertos principios y valores sobre, por ejemplo, el trabajo infantil, como brindar trabajos adecuados, decentes, dignos para menores cuya edad les permita legalmente trabajar”, considera.

El abandono del Estado

Las ausencias oficiales y el abandono del Estado en algunas zonas provocan los abusos contra los niños, dice el especialista de Save The Children Saúl Sánchez:

• El Estado ha sido omiso en cumplir con sus deberes y responsabilidades contraídas a nivel internacional.
• Ejemplificó con el caso de los albergues,  donde hay más sociedad civil, es decir, particulares, que atienden la problemática de niños en abandono social.
• Comenta que existe una falta de coordinación entre todos los actores sociales involucrados en la atención de la problemática de niños vinculados con la delincuencia organizada y, como muestra, los procesos de justicia que se desarrollan en el país carecen de un enfoque de protección a la infancia.