Gozó del “pinche poder” y hoy reclama que le “quieren romper la madre”

Por Presencia | Viernes, Octubre 31, 2014

Más de nueve años de gozar de “la plenitud del pinche poder”, —cuya frase acuñó su padrino y protector político, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán—, no le bastaron al autollamado líder campesino, Renato Tronco Gómez, para aliviar tantas carencias y abandono que sufren miles de familias en el sur veracruzano; hoy abandera causas sociales, pero la realidad documentada en su paso por el gobierno es de opacidad administrativa, represión y aumento de delitos en la región. Cómplice, pues, de lo que hoy reclama.

Represión, abigeato, secuestros, asaltos, falta de obras, de inversiones, de infraestructura en salud, etcétera, son problemas que se arrastran y que se acrecentaron durante sus nueve años de gobernante como alcalde y diputado.

Hasta la fecha, su segundo período como presidente municipal (2011-2013), y cuyo mandato concluyó en los últimos meses su suplente, Cristina Yazmín Cano García, está sujeto a investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En las leyendas escritas en las lonas colocadas sobre los  señalamientos viales de ambos carriles de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, que mantiene bloqueada parcialmente durante las últimas 72 horas, se lee: “¡¡Ya basta de impunidad!!”, “Ayotzinapa matan, Veracruz cementerio”, “Veracruz + que Ayotzinapa, periodistas, petroleros, ganaderos, comerciantes, indígenas, pastores, pescadores y también estudiantes ¡Muertos!... Y no pasa nada” (Sic).

Así mismo, se lee en otra manta: “En Veracruz, respeto absoluto a las manifestaciones y expresión de ideas… ESO DECLARASTE GOBER… EXIGIMOS QUE LO CUMPLAS” (Sic).

¿No a la represión?
Antecedentes documentados demuestran que uno de los principales distintivos de los gobiernos municipales de Renato Tronco es  la represión. A los campesinos les tocó sufrirlo en carne propia el jueves 14 de abril de 2011, recién estrenado el segundo gobierno tronquista, cuando medio centenar de policías municipales recibieron la orden de acudir a la comunidad 5 de Mayo, para rescatar las maquinarias de la Constructora Unión de Ejidos 25 de Abril del 2000. Miguel Tronco, dirigente de la empresa, encabezaba el operativo.

Los ejidatarios de ese poblado y del ejido Ricardo Flores Magón, retuvieron días antes las maquinarias para exigir que la compañía Grupo Integral Constructores y Asesores S.A. de C.V., les revelara el monto de la obra de rehabilitación de 6.3 kilómetros de camino, y que se comprometieran a aplicar material de calidad. En ese entonces la UE25 le rentaba maquinarias a dicha empresa. Nunca hubo transparencia ni obra de calidad, pero sí represión contra los campesinos que fueron apaleados.

“Como a las siete y media llegó Miguel con las patrullas y dijo que ‘a huevo’ se traería la maquinaria; fueron seis patrullas. No somos delincuentes, somos campesinos.

En lugar de mandar a apoyarnos, manda a los policías, no tiene el alcalde por qué mandar a los elementos a agredir a la gente, con amenazas, si nosotros no estábamos con amenazas”, reclamó entonces Josué Tapia Ramos, quien fungía como agente municipal de la congregación Pedregal.

Apalear a la Resistencia
A los integrantes del movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, también los apalearon y les rociaron gases lacrimógenos, cuando pacíficamente protestaban frente al Palacio Municipal, para pedir que el ayuntamiento fuera enlace ante las instancias competentes para que disminuyeran las abusivas tarifas de la empresa federal.

El primer suceso ocurrió el 26 de enero de 2012, donde con garrotazos, patadas, gases lacrimógenos, golpes y mentadas de madre, elementos de la Policía Municipal comandada por el guarura del entonces alcalde, Renato Tronco, disolvieron una protesta de la Resistencia Civil, donde el saldo fue una decena de intoxicados y otra más de lesionados.

El 7 de octubre del mismo año, por segunda ocasión, se registró un violento ataque de policías del gobierno tronquista en contra de integrantes de la Resistencia Civil, lo que obligó a civiles a defenderse a pedradas, pues los uniformados con balazos al aire, reprimieron una marcha pacífica en la que también participaban decenas de campesinos de diversos estados de la República en apoyo a dicho movimiento contra la CFE.

Casos innumerables
Durante el 2011, elementos de la Policía Municipal cometieron múltiples abusos contra la ciudadanía, de tal manera que ante la agencia del Ministerio Público los denunciaron en al menos 11 veces. En el 2012, poco redujeron sus abusos, pero continuaron.

Otro caso de represión de Tronco Gómez, ocurrió el 22 de marzo de 2012. Más de 30 vecinos de la comunidad Venustiano Carranza se manifestaron en contra del basurero clandestino que el gobierno municipal instaló arbitrariamente en ese poblado. La corporación policíaca llegó al lugar con el equipo antimotín, sometiendo a los habitantes para que aceptaran el vertedero de desechos en el predio destinado para un rastro municipal.

En base a protestas y denuncias ante diversas instancias, fue que semanas después, Tronco regresó el basurero a su lugar de costumbre, aunque nunca remedió al cien por ciento los daños ambientales en el poblado Venustiano Carranza, conocido también como Kilómetro Seis.

Impunidad e inseguridad
Los asaltos a mano armada en la súper carretera, o en cualquier otro punto del municipio, robo de ganado, “levantones”, ejecuciones y el pistolerismo, además de la impunidad, se acrecentó de manera alarmante desde el segundo gobierno de Renato Tronco Gómez. Así lo demuestran archivos periodísticos registrados por diario PRESENCIA y sustentados en informes de autoridades policíacas.

Tan sólo durante los primeros 16 meses del gobierno municipal 2011-2013, se registraron al menos 12 muertes violentas, varias de ellas de ganaderos ejecutados, cuyos casos nunca se esclarecieron. En cuanto a “levantones”, el gremio más golpeado por ese delito fue el sector petrolero.

El robo de ganado es otro de los delitos con mayor incidencia y que hasta la fecha es incontrolable; es importante mencionar que gente relacionada con la administración tronquista fue detenida por sus presuntos vínculos, como el caso de Emilio Alarcón del Moral, hermano del tesorero de Renato, Gustavo Alarcón.

De acuerdo con habitantes de la congregación El Cerro de Nanchital y confirmado por policías municipales, el pistolerismo creció por la impunidad de las propias autoridades, ya que con el sólo hecho de portar el logo de la UE25, antes de ser detenida cualquier persona con arma o estupefaciente, se debía consultar en la comandancia por radio o por teléfono, y si era conocido del “jefe”, seguía su camino tranquilamente.

Renato Tronco
Renato Tronco Gómez era un campesino más en este municipio, pero en el 2001, desde que asumió el liderazgo de la Unión de Ejidos 25 de Abril del 2000, tomó fuerza cuando todavía con los ideales verdaderos de dicha agrupación, y con personas honestas como el profesor, Alfredo Pérez Juárez, emprendieron la misión de luchar por el beneficio de las comunidades rurales.

Recurrió al bloqueo de carreteras para exigir al gobierno del Estado el cumplimiento de obras y apoyos para el campo.  Sus movilizaciones también fueron contra Petróleos Mexicanos, contra la Comisión Federal de Electricidad, sometiéndolas para que otorgaran “apoyos al campo” a cambio de permitirles que realizaran trabajos exploratorios y de producción en esta región.

Las verdaderas intenciones de implantar un cacicazgo en la región, se conocieron cuando fue revelado que recibía “asesoría” del cacique ganadero Cirilo Vázquez Lagunes, quien en aquellos tiempos se encontraba encarcelado y hasta su celda acudía Tronco Gómez en busca de consejo. Vázquez Lagunes fue acribillado luego de que saliera de prisión.

Abanderado por el Partido Acción Nacional logra llegar a la presidencia municipal en enero de 2005. Un año más tarde, es ejecutado el regidor, Alfredo Pérez Juárez, quien denunciaba públicamente que la Unión de Ejidos se convertía en una constructora y que sus ideales habían cambiado totalmente para beneficio de un solo grupo.

La bancada panista en el Congreso del Estado lo acuerpó, cuando estaba a punto de ser enviado a prisión,  ya que la Procuraduría General de Justicia lo señaló de ser el autor intelectual del crimen, pero por negociaciones políticas no procedió el desafuero. En cambio, tres personas de su equipo sí fueron a la cárcel, entre ellos su director de la policía municipal, Hormido Cruz Bustamante, y el aviador en la nómina del ayuntamiento, Ignacio García Meza; uno más, Norberto García del Valle, quien según fue el que disparó contra el regidor Pérez Juárez, supuestamente falleció por deficiencia renal.

Tronco se convierte en diputado por el período 2008-2010 por el PAN. Meses después abandona ese partido, para convertirse en “independiente”; más tarde, ante la presión del caso Pérez Juárez, el entonces gobernador, Fidel Herrera Beltrán lo cobija y lo vuelve parte del equipo oficial del sistema de gobierno en Veracruz.

Del lado del PRI, consiguió que su primera administración municipal saliera “limpia” en las auditorías aplicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que el expediente por el caso Pérez Juárez fuera archivado y permanezca en la impunidad hasta la fecha; que las obras mal hechas, que sólo tuvieron una durabilidad de dos a tres meses, pasaran desapercibidas y encima de eso, que fuera postulado otra vez candidato a diputado local, y llamado “el mejor guerrero” de Fidel Herrera Beltrán.

En medio de su polémica manera de gobernar, logró ser postulado nuevamente candidato a la alcaldía por el período 2011-2013, abanderado por el Partido Verde Ecologista de México en coalición con el PRI, sin terminar tampoco su primer período como diputado local. Con Javier Duarte de Ochoa como gobernador y él como alcalde, la relación no fue igual que con Fidel Herrera, pero contó con el padrinazgo del ahora senador, Héctor Yunes Landa.

Sin terminar el período de alcalde 2011-2013, vuelve a ser diputado, pero el panorama ya no fue el mismo, ya no con el respaldo ni la fuerza que le brindaba el Estado, a tal grado que no logró colocar a su hermano Miguel Ángel en la presidencia municipal, y la primera elección que jugó el 7 de julio de 2013, le fue anulada por el Tribunal Federal Electoral. La terminal de autobuses que construyó  en su rancho “Tronquini”, tampoco le fue aceptada por los empresarios transportistas, ni logró que el gobierno del Estado obligara a los concesionarios a reubicarse.

Para rematar, tampoco el comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le permitió seguir controlando el comité municipal del tricolor, y cedió el cargo de dirigente del partido a quien fuera su síndico en la pasada administración, Sergio Guzmán Pérez, cuya relación de Renato hacia él fue totalmente discriminatoria, ya que nunca le permitió ejercer sus comisiones. Guzmán Pérez forma parte del equipo político callejista.

La Auditoría Superior de la Federación mantiene actualmente bajo investigación al gobierno de Tronco  Gómez, que fue presidido en los últimos meses por Cristina Yazmín Cano García, mientras Renato buscaba nuevamente la diputación local.

Vuelve a los bloqueos
El diputado regresa a la estrategia de los bloqueos carreteros, lo que le funcionó hace 13 años, y sus reclamos de caminos, seguridad, mejoras en la salud, obras, cero impunidad en Veracruz, etcétera, son justos, porque son problemas que existen y los choapenses los sufren, pero por sus antecedentes como gobierno, Renato Tronco es cómplice y culpable del abandono y corrupción.

Doblegado por su voracidad, endeble ante una investigación de enriquecimiento ilícito, recurre a la conmiseración entre sollozos, para reclamar que el gobierno, el sistema, le quiere “romper la madre”, que así lo presiente. Por ello, secuestra las carreteras y ahoga en el tráfico a miles de ciudadanos.