Acción penal contra 7 agentes de la PGJEM, por caso Tlatlaya

Por La Crónica de Hoy | Jueves, Julio 2, 2015

La Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) anunció que ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de esa Institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, en contra de tres mujeres, testigos presenciales de los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado en Tlatlaya, donde 22 civiles perdieron la vida.

Lo anterior, derivado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, por hechos posteriores a los incidentes registrados en el municipio del sur mexiquense.

La denuncia presentada por la CNDH se sumó a la investigación que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En un comunicado emitido la noche del miércoles, la dependencia indicó que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde se determinará su situación legal; por los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial.

De las investigaciones realizadas, se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que los servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a 3 víctimas, testigos presenciales de los hechos, con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo. La dependencia no proporcionó el nombre de los ministeriales detenidos.

En la investigación, donde han comparecido hasta el momento más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales, las víctimas reconocieron a los probables responsables de tortura y maltrato.

 Por otra parte, la procuraduría mexiquense aseguró, que en relación con los hechos materia de la denuncia de la CNDH, en el sentido del probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, “es preciso señalar que hasta el momento, la investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos”.

No obstante, precisó que la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan; ello, sin perjuicio de que las omisiones o deficiencias que pudieron darse en el trabajo del personal de la Institución en el lugar de los hechos, también son materia de una investigación de carácter administrativo a cargo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), por lo cual han sido citados 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.