Congreso de NL rechaza cuentas públicas de exalcaldesa y exgobernadores

Por Proceso | Jueves, Agosto 25, 2016

MONTERREY, NL (apro).- El pleno del Congreso consumó hoy el rechazo de las cuentas públicas de la exalcaldesa regiomontana Margarita Arellanes Cervantes y de los anteriores mandatarios nuevoleoneses Rodrigo Medina de la Cruz y José Natividad González Parás.

Para los tres casos se dio vista a la Auditoría Superior del Estado para que finque responsabilidades administrativas o penales, si es que se comprueba el daño al erario detectado.

En un primer periodo extraordinario, 39 diputados reprobaron, por unanimidad, los estados financieros de la edil panista que gobernó la capital en el trienio 2012-2015, por encontrar presuntos daños al erario y pagos excesivos a proveedores.

Juan Espinosa, presidente de la Comisión Primera de Hacienda, explicó que particularmente se rechazó la documentación relacionada con el año 2014, por encontrar una millonaria sobrefacturación, el incremento desmesurado en la nómina municipal y pagos ocultos, entre otras irregularidades.

También fue objeto de reproche de fiscalización el anterior gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), a quien le encontraron observaciones, principalmente en la obra pública, donde hubo posibles afectaciones patrimoniales observadas en las cuentas del 2013 y 2014 que entregó a la legislatura.

Durante la sesión del Congreso se remarcó el hecho de que esta es la primera vez en que se rechaza la cuenta pública de un exgobernador.

Al priista González Parás, antecesor de Medina, también se le negó la cuenta pública del 2008, así como las de organismos estatales diversos que entregaron reportes financieros durante su mandato del 2003 al 2009.

Por la noche se realizó un segundo periodo extraordinario de sesiones, en el que se revisaron otras cuentas de organismos estatales y municipales.

En los tres casos, las cuentas reprochadas fueron turnadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que deslinden responsabilidades administrativas y, en su caso, se dé parte a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para las posibles sanciones penales contra los funcionarios involucrados en los posibles quebrantos patrimoniales.

Arturo Salinas, líder de la fracción de Acción Nacional, pidió a la ASE la pronta inhabilitación de los tres exfuncionarios para no permitirles ocupar puestos como funcionarios y evitar que vuelvan a postularse a cargos de elección popular.

“Los ciudadanos están esperando un castigo, que haya un resarcimiento al erario del dinero que se les desvió en su caso y esto es lo que sigue”.

Y enfatizó: “Aquí tenemos, todos unidos como uno solo, que exigirle al auditor que inicie los pliegos de responsabilidad lo antes posible y, sobre todo, que mande al Procuraduría aquellas responsabilidades de tipo penal para efecto de que se pueda deslindar cualquier responsabilidad y que se apliquen delitos o sanciones muy puntuales”.