Mil millones en camiones Ulúa y Quetzalli, cero transparencia: fideicomiso de Nahle oculta operaciones

Xalapa, Ver. – El Fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte de Pasajeros en el Estado de Veracruz, mediante el cual el Gobierno de Rocío Nahle García ha comprado docenas de autobuses de una marca china, opera con total opacidad.

Creado legalmente desde abril de 2025 y con su contrato fiduciario formalizado en enero de 2026, el fideicomiso fue excluido como sujeto obligado de transparencia, por lo cual no aparece un solo registro de sus operaciones financieras, ni de contratos, ni mucho menos de su personal.

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A través de dicho fideicomiso, la administración de la morenista Nahle García ha adquirido 302 autobuses de pasajeros al fabricante chino Yutong Bus y está por comprar cien unidades más a la misma empresa asiática.

La Contraloría General del Estado, la cual tiene las atribuciones en materia de transparencia, no dio de alta al fideicomiso como sujeto obligado, por lo cual no aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, la base de datos para transparentar el uso de recursos públicos.

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De tal forma que no solo no aparecen contratos de compraventa ni ningún tipo de acción realizada por el fideicomiso, sino que tampoco los ciudadanos pueden hacerle solicitudes de información para poder transparentar el uso de recursos públicos.

La Ley de Transparencia estatal y la legislación general establecen que los fideicomisos y fondos públicos deben garantizar el acceso a la información; la Contraloría es la autoridad garante del Poder Ejecutivo y tiene facultades para verificar su cumplimiento.

En su artículo 2, señala que sus disposiciones son aplicables a las autoridades y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos.

La misma disposición se encuentra en el artículo 3, fracción XIX, que define como sujetos obligados a los fideicomisos y fondos públicos, sin establecer una excepción por el hecho de que carezcan de estructura administrativa propia.

LOS MILLONARIOS AUTOBUSES

La gobernadora morenista ha revelado que durante su administración fueron adquiridos 142 autobuses para la ruta Ulúa y que próximamente se adquirirán 100 unidades más; además, se adquirieron 60 autobuses para la ruta Quetzalli, 40 para Totonaco y está prevista la incorporación de 60 Atenas en Xalapa.

La administración estatal ha informado inversiones cercanas a los mil millones de pesos para 202 autobuses destinados a Veracruz-Boca del Río y Coatzacoalcos; posteriormente, anunció otros 210 millones de pesos para 40 unidades en Poza Rica.

Los anuncios de inversión del gobierno para la adquisición de autobuses urbanos presentan diferencias en los montos reportados, particularmente en los sistemas Ulúa, para Veracruz-Boca del Río, y Quetzalli, para Coatzacoalcos.

Las cantidades difundidas por la gobernadora y las contempladas en los documentos presupuestales no coinciden en todos los casos.

Para el sistema Ulúa, integrado inicialmente por 102 autobuses, el presupuesto estatal contempló una inversión aproximada de 500 millones de pesos, mientras que posteriormente la mandataria informó que el costo ascendía a 600 millones de pesos, una diferencia de 100 millones sin que en los anuncios se detallara su justificación.

En el caso de Quetzalli, destinado a Coatzacoalcos, se proyectaron 500 millones de pesos para la adquisición de 60 unidades, distribuidos en dos ejercicios fiscales: 250 millones durante 2025 y otros 250 millones en 2026.

Pero en febrero de 2026, Nahle informó que los 142 autobuses del sistema Ulúa y los 60 de Quetzalli, 202 unidades en conjunto, representaban una inversión cercana a los mil millones de pesos, sin presentar un desglose actualizado por sistema que permitiera conciliar las cantidades anunciadas previamente.

A estas diferencias se sumó el proyecto Totonaco, destinado a Poza Rica, para el cual la gobernadora anunció una inversión de 210 millones de pesos por 40 autobuses híbridos, lo que representa un costo promedio de 5.25 millones de pesos por unidad.

Aunque el gobierno estatal ha difundido montos globales y cifras correspondientes a cada sistema de transporte, los anuncios no ofrecen un desglose homogéneo que permita conocer cuánto costó cada autobús, cuánto se ha pagado efectivamente a los proveedores y qué proporción de los recursos corresponde a las aportaciones del fideicomiso.

Al hacer una búsqueda por el nombre de la empresa Yutong Bus aparecen operaciones públicas en Ciudad de México, Tamaulipas y Jalisco con procesos de donaciones, adjudicaciones directas y licitaciones; sin que aparezca un solo registro de Veracruz.

EL FIDEICOMISO FANTASMA

El Gobierno de Veracruz formalizó la constitución del Fideicomiso Público, Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, un instrumento financiero que tendrá bajo su responsabilidad administrar recursos destinados a la transformación del transporte público en la entidad.

La creación del fideicomiso fue ordenada por la gobernadora mediante decreto del 8 de abril de 2025, publicado un día después en la Gaceta Oficial del Estado; sin embargo, fue hasta el 16 de enero de 2026 cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) formalizó el contrato con BBVA México, institución que quedó como fiduciaria bajo el número F/4155982.

De acuerdo con los antecedentes incorporados en las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial el 11 de mayo de 2026, el Gobierno estatal participa como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar, mientras que BBVA México tiene la responsabilidad fiduciaria.

La primera integración del Comité Técnico, anunciada por el Gobierno estatal en abril de 2025, contemplaba a los titulares de las secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación, Seguridad Pública y Contraloría General; además de la Oficina del Programa de Gobierno, la Dirección General de Transporte del Estado, la Dirección General de Planeación y Evaluación y un representante del sector transportista.

Pero esa integración fue modificada mediante el decreto publicado el 9 de febrero de 2026; la nueva disposición estableció un Comité Técnico de ocho integrantes propietarios, entre las dependencias identificadas en la cobertura de las modificaciones se encuentran Sefiplan, Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno.

La falta de información pública impide conocer con precisión cómo se han ejercido los recursos destinados a la modernización del transporte, cuánto se ha pagado por cada autobús, cuáles son los contratos celebrados y qué decisiones ha tomado el Comité Técnico del fideicomiso.

JRG