Ni Sedema ni Sefiplan cobran “moches”, aseguran concesionarios de verificentros
El vocero de la Unión de Concesionarios de Verificentros aclaró que más de 60 establecimientos fueron clausurados por incumplir normas ambientales, no por extorsiones de Sedema o Sefiplan.
Xalapa, Veracruz. – Las acusaciones sobre presuntos cobros ilegales para permitir la operación de verificentros en Veracruz fueron rechazadas por integrantes de la Unión de Concesionarios del sector.

Los concesionarios aseguraron que ninguno de sus agremiados recibe solicitudes de dinero por parte de funcionarios estatales.
Eduardo Mario Cásares Sort de Sáenz, vocero de esta organización, reconoció que existen prácticas irregulares en el funcionamiento de algunos establecimientos.
Te puede interesar: Largas filas en verificentros de Veracruz; ciudadanos llegan desde la madrugada para alcanzar turno ›Sin embargo, sostuvo que estas corresponden a concesionarios que incumplieron las disposiciones ambientales y no a supuestos actos de corrupción de las autoridades.
De acuerdo con el vocero, más de 60 verificentros fueron suspendidos temporalmente por presentar anomalías en su operación tras revisiones realizadas por las instancias correspondientes.
Concesionarios rechazan acusaciones de cobros ilegales
Las clausuras contemplan un periodo de 90 días, pero algunos negocios ya pudieron reanudar actividades después de acreditar que cumplieron con los requisitos legales.
Te puede interesar: Sedema sigue sin hallar origen de pestilencia en la conurbación de Veracruz ›Cásares indicó que los establecimientos sancionados deberán demostrar que cumplen con las normas oficiales mexicanas y las leyes ambientales, tanto federales como estatales, antes de obtener autorización para reabrir.
El representante señaló que un grupo de concesionarios responsabilizó a servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Finanzas y Planeación por presuntamente exigirles pagos para permitirles trabajar.
Según Cásares, los señalamientos carecen de sustento y quienes los promueven utilizan indebidamente el nombre de la unión para presionar a las dependencias estatales y conseguir que les retiren las restricciones.
También acusó a un abogado, señalado de no contar con la concesión de un verificentro, pero que se presenta como representante legal de los inconformes y encabeza las acciones contra las autoridades.

Sobre el documento enviado a la gobernadora Rocío Nahle García para denunciar el presunto cobro de moches, aseguró que se trata de un escrito anónimo, pues no contiene nombres, firmas de los supuestos afectados ni pruebas que respalden las acusaciones.
JRG
Francisco de Luna es reportero en la ciudad de Xalapa. Es originario de Coxquihui, Veracruz y hablante de la lengua tutunaku (totonaco). La fotografía es su pasatiempo predilecto.