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Congreso reconoce “vacíos” en el delito de ultrajes a la autoridad

Congreso reconoce “vacíos” en el delito de ultrajes a la autoridad
Por Carlos Caiceros | Viernes, Marzo 19, 2021 |
Bancada del PRI prepara otra reforma al Código Penal para que el gobierno no aproveche “vacíos” que permitan proceder contra opositores

Después de que los diputados veracruzanos incrementaron las penas del delito de ultrajes a la autoridad, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, ahora contemplan reformar nuevamente el Código Penal para que dicho ilícito no sea utilizado para reprimir a adversarios políticos.

Cabe recordar que el Ejecutivo propuso endurecer las penas por este delito, asegurando que a través del tiempo esta conducta se juzgó como un ilícito de bajo impacto, cuyas consecuencias “afectan únicamente la esfera de derechos del servidor público lacerado”.

Para el morenista la tipificación de este ilícito protege al servidor público, pero vinculado con el ejercicio sus atribuciones, por lo que a su parecer las penas debían ser firmes y acordes al escenario que impera en el Estado.

No obstante, apenas aprobada la propuesta el pasado 11 de marzo, el líder de los concesionarios de los verificentros, Eduardo Mario “N” así como el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, fueron detenidos y señalados por ultrajes a la autoridad, lo que generó críticas de la oposición y de académicos de la Universidad Veracruzana.

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Al respecto, se confirmó que en el Congreso del Estado ya se trabaja con una propuesta para reformar nuevamente el Código Penal. La coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, reconoció que existen vacíos en la última reforma avalada por el pleno en esta materia.

Los diputados establecieron que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Según la reforma, igualmente se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.

Ayala Ríos justificó que el Congreso del Estado no debe ser considerado como responsable de posibles excesos en la aplicación de la Ley, asegurando que es el Poder Judicial el que debe interpretar las normas.

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“En las acciones o trabajo diario que realizamos no deben quedar espacios o vacíos que puedan permitir que estos, en lugar de aplicarse la Ley se interprete. Las leyes se hacen, se generan en el Congreso, pero el Poder Ejecutivo las ejecuta y los único que las interpretan es el Poder Judicial".

Consideró que se deben de generar leyes mucho más claras para evitar que estas sean malinterpretadas, por ello su bancada presentará una iniciativa en este sentido.

“Creo que la modificación al Código Penal era necesaria, pero no podemos permitir que haya vacíos (…), estamos trabajando en una iniciativa para modificar esos vacíos que aún consideramos que quedan”, expresó.

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