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Tras denuncias por abusos, PT propone reformar delito de ultrajes

Tras denuncias por abusos, PT propone reformar delito de ultrajes
Por Carlos Caiceros | Jueves, Diciembre 9, 2021 |
Legislador del PT reconoció excesos en aplicación del delito de ultrajes a la autoridad; hay 16 petistas con órdenes de aprehensión

Al reconocer los cuestionamientos de la oposición respecto a los excesos que ha provocado la elevación de ultrajes a la autoridad como delito grave, el diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con la que busca que sea considerado un delito menos punitivo.

El legislador, que se hizo de la curul en alianza con Morena, propone que se modifique el Código Penal del Estado, proponiendo que no se equipare a un delito grave.

Este jueves en la sesión ordinaria dijo que la iniciativa que presentó, está en análisis mucho antes del 30 de julio, día en que se fincó responsabilidad a 32 militantes del Partido del Trabajo por el delito de ultrajes a la autoridad en el municipio de Jesús Carranza.

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En la tribuna del Recinto de Sesiones, Díaz Ávila sentenció que “16 compañeros petistas tienen ahorita en estos momentos órdenes de aprehensión por ultrajes a la autoridad, por defender el Derecho que ellos consideraban en las urnas en junio de este mismo año.

“El compañero Pasiano Rueda Canseco se encuentra en estos momentos preso por este delito, por defender su triunfo en Jesús Carranza. Legislar en bien de la sociedad es una responsabilidad moral de quienes hoy formamos parte de esta Soberanía”, señaló.

El diputado advirtió que la presunta comisión del delito ha propiciado un evidente abuso de los elementos ministeriales y policiacos aprehensores, quienes "sin menor recato" violan garantías constitucionales fomentando la fabricación de delitos.

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De esta forma, la iniciativa con proyecto de decreto deroga el párrafo segundo del artículo 331 del Código Penal para el Estado, que actualmente establece que se aplicará al responsable de este delito, de cinco a siete años de prisión.

En la iniciativa, el legislador propone que sólo se impongan de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones.

El delito sería aplicable bajo el supuesto de que se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

En la sesión, la iniciativa fue respaldada por el coordinador de los diputados del PAN, Othón Hernández Candanedo, quien señaló que en 12 estados no existe este delito y en 4 se encuentra derogado, de ahí que la tendencia es desaparecerlo, pidiendo la adhesión de los legisladores a la propuesta.

Por su parte, la diputada de MC, Ruth Callejas Roldán, igualmente solicitó adherirse a la iniciativa de Díaz Ávila.

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