Veracruz

Que no nos corran: el dilema de 78 familias paracaidistas en Veracruz

Que no nos corran: el dilema de 78 familias paracaidistas en Veracruz
Por Ángel Cortés Romero | Miércoles, Agosto 10, 2022 |
Ci Banco cumplirá una amenaza de desalojo en contra de las familias que habitan este fraccionamiento

Veracruz, Ver.- “Sabemos que no es de nosotros, pero queremos pagar, queremos llegar a un acuerdo”, dice Pedro Ramón Carmona, acompañado por su esposa Elvia Fabián Pulido. Faltan menos de 48 horas para que Ci Banco cumpla una amenaza de desalojo en contra de 78 familias del fraccionamiento Hacienda Sotavento.

Los adultos mayores, de 73 y 71 años, respectivamente, son parte de un grupo de familias que desde hace 5 años habitan en un sector de viviendas que se encontraban en obra negra en la parte más recóndita del fraccionamiento, ubicado en la localidad de Mata de Pita, en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con Marcos Márquez Ramos, presidente de la Unión General en Renovación A. C., las familias recibieron una orden de desalojo por parte de la institución financiera Ci Banco, que se ostenta como dueña de las 78 viviendas ubicadas dentro de Hacienda Sotavento, desarrollado originalmente por Casas GEO.

Al igual que Pedro y Elvia, el resto de las familias que viven en la privada Todos Santos esquina con circuito Tradiciones habitaron las 78 casas tipo dúplex sin tener escrituras o alguna autorización de Casas GEO, antes de su quiebra en 2019. Las viviendas se encontraban abandonadas y en obra negra.

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“¿Invasores? No, tomamos una parte que estaba abandonada, no venimos a robar ni nada”, señala Pedro, quien niega que hayan invadido la casa en la que vive con Elvia.

Las más de 70 familias que ocuparon ilegalmente las viviendas de la privada Todos Santos y el circuito Tradiciones llegaron juntas desde distintas partes del puerto de Veracruz. Para 2017, ya se había corrido la voz de que en Hacienda Sotavento había un sector abandonado.

Pedro y Elvia, originarios de Alvarado, fueron parte de esas personas a las que les llegó el rumor. Para entonces tenían más de 10 años viviendo en la ciudad de Veracruz. Él trabaja como comerciante de pescados y mariscos. Tenía una camioneta con la que llegaba a vender a Pescadería. Ella, hasta hace poco, cuidaba niños.

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Cuando se enteraron de la posibilidad de vivir en Hacienda Sotavento, el matrimonio habitaba una casa junto con su hijo y sus nietos en el fraccionamiento Villa Rica, en la zona norte de la ciudad. Sin embargo, la renta, un pago mensual de mil 600 pesos y los estudios de los menores estaban asfixiando a la familia.

No hubo de otra para la familia que mudarse poco a poco de la casa que rentaban en el fraccionamiento Villa Rica a Hacienda Sotavento. Su actual vivienda, ubicada en la planta baja del edificio, era una construcción rústica.

Las paredes de la casa aún no estaban repelladas. No había baño ni drenaje, tampoco ventanas ni protecciones y mucho menos energía eléctrica. La privada era prácticamente un monte que las familias chapearon y acondicionaron para que fuera un lugar habitable.

Hasta entonces, la zona más recóndita del fraccionamiento Hacienda Sotavento era famosa por su inseguridad. Las quejas de los vecinos señalaban que el sitio era un punto de reunión para personas que se drogaban y alcoholizaban. También aseguraban que varias mujeres fueron violadas.

“Esto estaba en obra negra, todo estaba negro, hasta telarañas había”, recuerda Elvia.

La pareja ocupó la casa poco a poco. Al principio dormían en el piso, sobre cartones, con los mismos que tapaban las ventanas, a las que les faltaban vidrio y que, hasta la fecha, siguen sin protecciones metálicas. A 10 metros de distancia, su hijo y sus nietos habitaron otra vivienda.

“Todas las casas estaban en pleno abandono, no tenían puertas, ni ventanas, ni baño, nada; aquí no había nada, ni tazas, ni lavabo, estaban vacías”, afirman entre los dos.

Los 78 departamentos ubicados en la privada Todos Santos esquina con circuito Tradiciones tienen energía eléctrica debido a que las familias cooperaron para la compra de un transformador.

Esta semana se instaló el primer medidor para que se empiece a pagar el servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“¿A dónde nos vamos a ir’”, se preguntan

“Dios quiera que no nos saquen ¿a dónde nos vamos a ir?”, se pregunta Pedro. Para Elvia no hay un lugar a donde correr. Ninguno de los dos tiene trabajo. Sobreviven con la Pensión del Bienestar que ambos reciben y lo que les dan sus cuatro hijos.

La incertidumbre ronda en cada uno de las casas de la zona. Ci Banco notificó a las familias que debían presentarse ante la Fiscalía General del Estado y, después, tenían como plazo a las 11:00 de la mañana del próximo jueves 11 de agosto para abandonar las viviendas de las que se adueñaron.

Sin embargo, las familias, todas de escasos recursos, se resisten a dejar las que ahora son sus viviendas. Juan y su esposa son parte de esa resistencia. Ahí “nacieron” sus hijos. Ella hasta demolería su casa antes que dejársela remodelada a Ci Banco.

Al igual que la casa de Pedro Román García y Elvira Fabián Pulido, la mayoría de las casas que anteriormente eran solo construcciones en obra negra, ahora tienen las paredes repelladas y pintadas. Adentro hay luz, habitaciones y baños acondicionados. Lo que era monte ahora son áreas verdes en las que los niños juegan.

Debajo de un árbol, las mujeres cuecen tortillas de maíz en un comal. Sus esposos e hijos comen sentados en sillas de plástico. Ellas se sientan después. Los hombres trabajan en actividades de albañilería, plomería, entre otras cosas. Lo que les importa es sacar “para la papa”.

Según Marcos Márquez Ramos, presidente de la Unión General en Renovación A. C., la intención de las 78 familias es que se llegue a una negociación con Ci Banco, para que se paguen las viviendas a través de un crédito.

“La gente dispuesta a pagar, no están en contra de no pagar, pero también que no vayan a quererles vender como una casa en Costa de Oro”, expresa.

Las familias se dicen dispuestas a pagar las propiedades de acuerdo con el estado en que encontraron las viviendas hace cinco años, pero no un precio comercial, pues afirman que fueron ellas quienes terminaron de construirlas o remodelarlas.

Hacienda Sotavento y Casas GEO, la historia de un fraude

El fraccionamiento Hacienda Sotavento fue un proyecto inmobiliario que la desaparecida empresa Casas GEO desarrolló hace más de 13 años en la zona poniente del puerto de Veracruz, junto con los fraccionamientos Botaterra y Pueblo Nuevo.

Cuando la Corporación Geo se declaró en quiebra, el 11 de marzo de 2019, dejó pendientes los proyectos de vivienda en los tres fraccionamientos, entre ellos Hacienda Sotavento, en donde viven más de cinco mil familias que heredaron una deuda millonaria.

El adeudo de más de cuatro millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se suma a las malas condiciones que, según los vecinos, presentan las casas que compraron a Casas GEO.

La Corporación GEO se declaró en moratoria en 2013, cuando se vio imposibilitada para pagar dos millones 349 mil 888 pesos con 89 centavos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por el concepto de intereses bursátiles. Un año después, presentó una solicitud de proceso mercantil.

De acuerdo con la solicitud, la empresa buscaba la protección de la justicia para la reestructuración de su deuda, que ascendía a 17 mil millones de pesos. Fue cuando diversos bancos, entre ellos Banorte, el principal acreedor, invirtieron en la constructora.

La inversión ascendió a tres mil millones de pesos, con el objetivo de que se redujera la participación de Luis Orvañanos, dueño de Casas GEO, en el saldo de las deudas. La empresa logró salir del concurso mercantil en 2015.

Casas GEO se comprometió a la conclusión de 77 proyectos que tenía en puerta y sumó 37 más a su portafolio, con la intención de liquidar sus deudas. Debido a que incumplió sus obligaciones, Sólida, filial inmobiliaria de Grupo Banorte, la demandó.

En 2019, Casas GEO disolvió y liquidó una sociedad que anteriormente formó con Grupo Banorte a través de un fideicomiso valuado en dos mil 88 millones. La constructora buscaba no perjudicar a los bancos que la rescataron en 2014 para evitar la demanda.

A tres años de su quiebra, Ci Banco se presentó con las 78 familias que habitan en la parte trasera de Hacienda Sotavento para reclamarles las propiedades.

Vecinos no tienen derechos sobre viviendas: Abogado

Según Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Facultad de Derecho de la Universidades Cristóbal Colón, las 78 familias que habitan en la parte más lejana del fraccionamiento Hacienda Sotavento no tienen derecho sobre las viviendas que ocuparon hace cinco años pese a que terminaron de construirlas o las remodelaron.

El abogado explica que no cumplen con las condiciones para hacerse de las viviendas con base en la figura de la prescripción que, según el artículo mil 168 del Código Civil de Veracruz, es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.

Debido a que las familias habitaron las viviendas sin la autorización de los propietarios originales, es decir de mala fe, sólo podrían recurrir a la figura de la prescripción negativa, para poder reclamar un derecho sobre las propiedades.

“Para que opere la prescripción a su favor tienen que transcurrir 20 años, tiene que haber una posesión pública, pacífica, continua y, en este caso, de mala fe, para que se conviertan en legítimos propietarios.

Si las personas tienen aproximadamente cinco años o más de habitar el inmueble, si lo remodelaron, si lo dejaron en buenas condiciones, incluso si lo han ido acondicionando para que sea habitable, pues eso no les genera hasta ahora ningún derecho”, indica.

De acuerdo con Luis Alberto Martín Capistrán, las personas que realizan mejoras en propiedades que no son suyas estás condenadas a perder sus inversiones. Además, asegura que los vecinos cometieron el delito de despojo.

El artículo 22 del Código Penal del estado Veracruz determina que comete el delito de despojo quien ocupa un inmueble ajeno o hace uso de él o de un derecho real que no le pertenece, por lo que puede ser sancionado con una pena de uno a ocho años de prisión.

Aunque los vecinos podrían librar responsabilidades penales por el delito de despojo si entregan las propiedades, el abogado asevera que podrían ser demandados.

No pueden ser desalojados

Aun cuando los vecinos de Hacienda Sotavento tienen una amenaza de desalojo para el jueves 11 de agosto a las 11:00 de la mañana, Luis Alberto Martín Capistrán menciona que Ci Banco no los puede sacar de sus casas sin que primero haya un juicio.

“Hay que iniciar un juicio reivindicatorio en contra de uno, en lo individual, ni siquiera en lo colectivo, para que se les demande, para que estas personas tengan la oportunidad de defenderse. Si no comprueban que tienen un derecho legítimo para estar en estos inmuebles, un juez civil ordenará la restitución de la posesión al legítimo propietario”, señala.

Marcos Márquez Ramos, presidente de la Unión General en Renovación A. C, y al menos 500 personas de las 78 familias que habitan en la privada Todos Santos esquina circuito Tradiciones, esperarán la hora del desalojo este jueves en las inmediaciones de las casas en las que viven.

La esperanza: el diálogo, que Ci Banco acepte la compra de las casas a “un precio razonable”.

ys

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