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Yo no voy a desistir: víctima de acoso en Segob, 3 años sin justicia

Yo no voy a desistir: víctima de acoso en Segob, 3 años sin justicia
Por Carlos Caiceros | Domingo, Agosto 21, 2022 |
TEJAV confirma acoso, al igual que CEDH, en Segob; el exfuncionario solo renunció “por temas personales” pero sigue sin castigo

Esta semana, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) corrigió la plana a la Contralora General, Mercedes Santoyo; al Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, a la propia Secretaría de Gobierno (Segob) y a quienes intentaron encubrir al exdirector general de gobernación, Fernando Q. V., por un caso de acoso sexual cometido contra una empleada de esa dependencia.

Y es que el TEJAV resolvió que, efectivamente, la mujer sufrió una serie de violaciones a su esfera jurídica durante 2019, como lo había determinado antes la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la recomendación la 02/2022.

De esta manera la víctima, quien prefiere que su nombre no sea nuevamente expuesto, tendrá más elementos para proceder de forma administrativa e incluso penal en contra del señalado, así como en contra de los servidores públicos que cometieron omisiones ante este hecho.

En una entrevista, la víctima advierte que a tres años de distancia no claudicará en su lucha porque se le haga justicia, pese a las dilaciones de las autoridades del gobierno de Veracruz, que, a su parecer, son para que desista de los diversos procesos administrativos y penales contra el ahora exservidor público, Fernando Q. quien renunció a su cargo alegando motivos personales una vez que se hizo pública su situación.

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“Espero ahora que la Fiscalía trabaje porque no voy a quitar el dedo del renglón; entiendo eso de las mujeres sobre desistir, en mi caso son tres años de implorar justicia y no encontrar nada”, relata.

PASARON LOS AÑOS

En mayo de 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 02/2022 dirigida a la Secretaría de Gobierno a cargo de Patrocinio Cisneros Burgos, a la Contraloría General del Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

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La CEDH encontró que todas las dependencias que tuvieron conocimiento de los hechos desdeñaron por completo el caso de acoso sexual y laboral que sufrió una empleada justo cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hacía la presentación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Administración Pública.

Los hechos fueron denunciados públicamente de manera inicial por la diputada Anilú Ingram Vallines durante la comparecencia del Secretario de gobierno en noviembre de 2021, quien afirmó que este gobierno “ha sido sumamente responsable” en estos casos para luego desviar el tema y referir un caso ocurrido con exservidores públicos.

Ahora, al igual que la CEDH, el TEJAV acreditó que existieron omisiones en el caso de la víctima de identidad resguardada, quien sigue esperando la justicia.

“Como es un funcionario público ese es el caso del por qué la Fiscalía está dejando la carpeta ahí”, reclama de forma airada la víctima en una entrevista.

La mujer relató que cuando ocurrieron los hechos -entre otros insinuaciones sexuales, abuso psicológico y coacción- acudió al Centro de Justicia de las Mujeres, pero también ya había procedido ante el órgano interno de control por ser un funcionario el que estaba ejerciendo acoso contra ella.

Sin embargo, no sabía que ahí empezarían otras violaciones igual de graves a sus derechos y condición de mujer.

“Fue precisamente ahí en la Contraloría donde me dijeron que necesitaban que denunciara penalmente al funcionario para que sirviera como prueba en el juicio que se estaba llevando en la Contraloría y entonces denuncié en noviembre de 2019 y esta es la fecha donde no tengo absolutamente nada.

“La carpeta ya está integrada, ya íbamos a llegar a la audiencia inicial que estaba programada para el 1 de julio (de 2022) y la persona que denuncié solicitó más tiempo para su defensa”, señala.

La empleada de gobierno recrimina que hayan pasado tres años sin acceder a la justicia, sin importar que ya existe una recomendación de Derechos Humanos donde se reconoce el acoso y todos los agravios que hay dentro del proceso de investigación de la contraloría, donde además expusieron sus datos personales durante un mes y los pasaron en documentos dentro de Palacio de Gobierno sin resguardar los hechos, ni su nombre real.

“También hay una resolución en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a mi favor después de dos años donde se recalifican las dos situaciones como faltas graves; el TEJAV reconoce el acoso sexual contrario a lo que dijo la contraloría, donde encubrieron al funcionario.

“De igual forma recalcan como falta grave el que no hayan resguardado mis datos personales”, detalla.

La mujer recuerda que, si bien actualmente se encuentra laborando en la misma Secretaría, aunque en un área diferente, en su momento intentaron echarla del lugar donde ha trabajado los últimos 12 años.

Sin embargo, justo cuando pretendían despedirla y la pusieron a disposición de la unidad administrativa, tuvo lugar el evento donde el gobernador presentó, precisamente, Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Administración Pública, hasta donde llegó con la intención incluso de reventar el evento con tal de obtener justicia.

Para evitar el bochorno público, personal del mandatario la reubicó a otro espacio dentro de la Segob, pero el castigo a sus agresores no ha llegado.

Y en esa tarea de impedir la justicia, se encuentran envueltas diversas autoridades dentro y fuera del Palacio de Gobierno; el mismo problema tuvo una joven de servicio social que también fue acosada por el mismo funcionario y también encontró el bloqueo en su caso.

“Ella ya no quiso seguir porque el IVM no nos apoyó, al contrario, nos intentó callar y ya no quiso seguir, la resolución salió a su favor también y está el caso en el TEJAV porque fue calificado como no grave por la Contraloría”, detalla.

En el caso de la otra joven agredida, señaló que la Contraloría ni siquiera tomó en cuenta su relato de acoso, sino que más bien centró la investigación sobre si hubo desvío de recursos o no de parte del exservidor público al llevársela a una comisión fuera de Xalapa, donde intentó entrar, ebrio, a su habitación, lo que fue desdeñado por Santoyo.

RENUNCIA NO BASTA

Sobre la renuncia del exfuncionario, que se fue de la Segob sin recibir castigo, recrimina que le hayan dado “una salida fácil”.

“Para mí es muy indignante, a 15 días de que saliera la resolución de Derechos Humanos se va y no se fue investigado, porque hay otras denuncias, pero desistieron las personas que denunciaron, mínimo somos tres víctimas, que a mí me conste.

“La contralora general ha dicho muchas veces que ella como mujer no va a permitir que ese tipo de actos se den en la administración, sin embargo, ella en su misma comparecencia dijo que el tema ya estaba resuelto pero que yo, cada vez que se iba a resolver me iba a otro lado, ese otro lado significa recursos de inconformidad al no estar de acuerdo en que haya sido calificado como una falta no grave”, reprochó.

La víctima defiende su posición de impugnar las resoluciones que no le garantizaban en ningún sentido sanción alguna a su agresor, de ahí que llegara hasta el TEJAV, que le dio la razón a su queja.

“El Tribunal me da la razón en la resolución de esta semana de que el órgano interno de control no le dio la importancia debida, por lo que sí podría llegar a la inhabilitación -contra el agresor- o cualquier otra sanción que decida”.

Reprocha que, en el Gobierno del Estado, nadie le tendió la mano y, al contrario, buscaron cansarla para que desistiera de su denuncia.

“Por parte del gobierno del estado no conté con ningún apoyo, cada puerta que toqué fui más maltratada, más victimizada, una de las personas que está en la recomendación pasó mi denuncia por tres áreas diferentes. Para mí no es suficiente que no se encuentre ya en la administración pública se debe sancionar las conductas que realizó en mi contra y espero justicia por parte de la fiscal”.

Lo vivido por la mujer es que, desde su experiencia, buscan que las víctimas se cansen de dar vueltas, tanto física, emocional, como económicamente “porque no es gratuito acceder a la justicia entonces te lo hacen muy cansado se supone que una carpeta debe estar integrada en tres meses la mía se integró en tres años entonces”.

Así, sostuvo que no comparte la opinión de la coordinadora general del Centro Integral de Justicia para las Mujeres en Xalapa, Irma Hernández San Gabriel, quien afirmó que las víctimas de violencia optan por no denunciar a sus agresores por un vínculo afectivo.

“Es que aquí impera más el amor que tienen hacia el hombre (…), muchas mujeres, vaya, siento que a veces disfrutan esos golpes cuando ellas aman”, declaró en días pasados.

“Lamentablemente, muchas mujeres por esa misma situación no denuncian o porque no pasa nada con las personas que denunciamos, al contrario, nos causa más temor el hecho de denunciarlos y qué van a hacer en nuestra contra”, destaca.

Sobre el papel de Mayra Ledesma Arronte, a quien Cisneros Burgos acusó de ser la responsable de exponer los datos personales de la víctima, al tiempo que afirmó que el acoso sexual no se probó, la víctima señala que no es la única responsable, pues incluso el contralor interno de la dependencia actuó de forma negligente.

Mayra Ledesma es responsable de violar la ley de protección de datos personales, pero había un protocolo para el acoso sexual y un comité y un subcomité entonces fue todo un grupo de funcionarios que hicieron caso omiso a este protocolo, intentando tapar todo.

“Yo iba siguiendo las indicaciones del protocolo sobre lo que se tenía que hacer, no solamente es ella, en ella sí recae la responsabilidad. Lamento mucho que al secretario no le digan las cosas como están sucediendo, él ha manifestado estar a favor de los derechos que tenemos las mujeres y le creo”.

La mujer reconoció el papel de la diputada Anilú Ingram Vallines al exigir que su caso fuera reconocido y se sancionara al culpable; y, por otro lado, reprochó que la Contralora esté “totalmente en contra de las mujeres” y se dijo ofendida de su postura.

“Dijo que me ofreció trabajo, pero yo no le pedí trabajo, sino que tomaran el asunto como se debía. Le mandé 10 oficios implorando justicia. Dijo que me ofreció una psicóloga que ella iba a pagar de su bolsa, pero no dijo que era una servidora pública que está en nómina y que me iba a atender en un parque o un café. ¿En manos de quién estamos?”, sostuvo.

Actualmente, el caso se ventila en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde también ha encontrado dilación. A Verónica Hernández Giadáns le pide como mujer que instruya a las fiscales para que ya procedan, pues está convencida que la fiscal general tomará las acciones para que pueda acceder a la justicia.

“De mi parte espero que la justicia llegue y que el servidor público que violentó mis derechos humanos, que me agredió sexualmente, que lastimó mi dignidad sea castigado como tal, tenemos muchas leyes a nuestro favor las mujeres y yo espero justicia porque nuestras autoridades nos dicen en sus discursos que ellos están a favor de las mujeres y que no van a permitir la violencia de género de ningún tipo en su administración, yo la sufrí en esta administración y les imploro que apoyen en esta situación a la fiscal, al gobernador, al secretario de gobierno”, acotó.

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