Opinión

Los retos de la transformación cultural en nuestro tiempo.

Ricardo López Henaine
Ricardo López Henaine

El Dr. Ricardo López Henaine es abogado y académico veracruzano, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo y Doctor en Derecho Público. Cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional, la docencia universitaria y el servicio público. Se desempeña como docente en el Programa Educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana y ha desarrollado labores jurídicas y legislativas en el Congreso del Estado de Veracruz. Su trayectoria se distingue por su compromiso con la formación de nuevos profesionales, la defensa de los derechos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Una sociedad cambia de verdad cuando la educación, los valores, el derecho y la participación ciudadana dejan de ser discursos y se convierten en conductas cotidianas.

Por Dr. Ricardo López Henaine

Asesoría Integral Jurídica y Contable López Henaine y Chávez.

¿Qué le decimos a un joven que estudió, trabajó y cumplió las reglas, pero descubre que una recomendación pesa más que su preparación? Decirle que debe esforzarse más no alcanza. Durante años hemos defendido la educación y la constancia como caminos hacia el éxito. Hay buenas razones para seguir haciéndolo, aunque también debemos reconocer los obstáculos que el empeño individual no puede resolver por sí solo.

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Hay personas preparadas que deben enfrentar condiciones adversas durante años. Otras encuentran una oportunidad inesperada y saben aprovecharla. Influyen el ingenio, las habilidades personales, las redes de apoyo, el lugar donde se nace, el acceso a la educación, el momento histórico y, sí, también la fortuna. Aceptarlo no significa despreciar el mérito. Significa mirar la realidad completa y evitar una conclusión injusta: pensar que quien no ha prosperado es porque no se esforzó lo suficiente.

Uno de los primeros retos de la transformación cultural consiste en revisar lo que entendemos por éxito. Con frecuencia lo reducimos al dinero, al poder, a la fama o al reconocimiento público. Bajo esa mirada, una persona puede parecer exitosa aunque haya avanzado a costa de los demás, mientras otra, que vive con honestidad, cuida a su familia, cumple su trabajo y sirve a su comunidad, pasa inadvertida. Una sociedad que premia el atajo y se burla de la honradez termina debilitando su propia convivencia.

El éxito también debería medirse por la capacidad de vivir con dignidad, sostener relaciones sanas, ejercer una profesión con responsabilidad, aprender de los errores y aportar algo útil a los demás. La realización personal no es idéntica para todos. Cada persona tiene una historia, necesidades y aspiraciones distintas. Lo que sí podemos exigir como base común es que ninguna meta justifique la mentira, el abuso, la corrupción o la indiferencia frente al daño causado.

En este punto, el pensamiento de Jean Piaget sigue ofreciendo una referencia útil. En su obra sobre el juicio moral en la infancia, el psicólogo suizo estudió el paso de una moral heterónoma, basada en obedecer reglas porque una autoridad las impone, hacia una moral más autónoma, vinculada con la cooperación, la reciprocidad y el respeto mutuo. Se trata de una teoría sobre el desarrollo infantil, no de una fórmula que garantice la paz social. A partir de ella podemos plantear una pregunta educativa: ¿enseñamos a comprender por qué una conducta es justa o solamente a obedecer por miedo al castigo?

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Por eso la educación moral empieza en la vida cotidiana. Una niña o un niño difícilmente aprenderá respeto si escucha que debe decir la verdad, pero ve que los adultos mienten cuando les conviene. Tampoco aprenderá responsabilidad si cada falta se justifica o si las reglas cambian según la persona involucrada. La familia y la escuela enseñan tanto por lo que dicen como por lo que hacen. La autoridad convence cuando es congruente, explica sus decisiones y acepta también límites.

Como padre y esposo, considero que esta responsabilidad empieza en casa.

Nuestros hijos también aprenden al observar cómo tratamos a nuestra pareja, cómo compartimos el trabajo del hogar y qué hacemos después de equivocarnos. Pedir perdón y reparar una falta son formas concretas de enseñar respeto.

El derecho cumple una función distinta. Organiza la convivencia, limita el ejercicio del poder, reconoce derechos, distribuye responsabilidades y prevé consecuencias cuando alguien lesiona a otra persona o afecta a la comunidad. Pero ninguna ley puede, por sí sola, producir honestidad, empatía o solidaridad. Puede sancionar una conducta, pero no sustituye la conciencia de quien decide actuar correctamente incluso cuando nadie lo observa. A la inversa, la buena voluntad no reemplaza a los tribunales ni a las instituciones encargadas de proteger a quien sufre un abuso.

El artículo 3 de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la educación y vincula la tarea educativa con la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la convivencia pacífica. Incluye la promoción de la honestidad y los valores. Ese mandato compromete al Estado: ofrecer educación exige algo más que abrir un salón de clases. También supone crear condiciones para aprender, permanecer en la escuela y desarrollar un criterio propio.

Nuestra dificultad no está solamente en redactar buenas normas o incluir valores en los programas escolares. El verdadero problema aparece cuando existe distancia entre lo que defendemos en público y lo que toleramos en privado. Pedimos legalidad, pero celebramos a quien evade una regla. Exigimos servidores públicos honestos, aunque en ocasiones aceptamos favores indebidos. Hablamos de respeto, pero descalificamos a quien piensa distinto. Esa incongruencia cotidiana alimenta muchos de los problemas que después atribuimos únicamente al gobierno o a las instituciones. Reconocer nuestra parte no disminuye la responsabilidad de las autoridades, que deben rendir cuentas y hacer cumplir la ley sin privilegios.

La transformación cultural requiere ciudadanía activa. Votar es una expresión fundamental, pero la participación no termina en las urnas. También implica informarse, preguntar, vigilar el uso de los recursos públicos, exigir resultados, presentar propuestas y colaborar en los problemas de la comunidad. Una democracia se debilita cuando la población se limita a observar y sólo aparece en los momentos de enojo. Se fortalece cuando la crítica se acompaña de memoria, argumentos y responsabilidad.

El reto se vuelve mayor en una época marcada por la prisa, la polarización y la circulación constante de información. Hoy podemos opinar de inmediato, pero no siempre nos detenemos a comprobar lo que compartimos. Podemos comunicarnos con cientos de personas y, aun así, perder la capacidad de escuchar. La tecnología abre posibilidades extraordinarias, aunque también amplifica prejuicios, rumores y agresiones cuando se usa sin criterio. Educar para nuestro tiempo exige formar pensamiento crítico y criterio ético, no sólo destrezas técnicas. La recomendación de la UNESCO sobre educación para la paz y los derechos humanos, adoptada en 2023, llama precisamente a fortalecer la formación mediática e informacional frente a la desinformación y el acoso en línea.

En ese entorno, una de las formas más injustas de dañar a otra persona es inventarle una historia y ponerla a circular. Quien utiliza perfiles falsos para desacreditar puede esconder su identidad mientras expone el nombre, el trabajo y la vida familiar de alguien más. El anonimato también puede proteger a quien denuncia abusos y teme represalias; el problema es utilizarlo deliberadamente para mentir, hostigar o eludir la responsabilidad por el daño causado.

La desigualdad es evidente. Fabricar una acusación puede tomar unos segundos. Desmentirla puede exigir documentos, testimonios, asesoría jurídica y muchas horas de desgaste. A veces implica explicar hechos que nunca ocurrieron. Mientras la víctima intenta aclarar lo sucedido, la versión falsa ya ha llegado a personas que quizá nunca leerán la rectificación. Tener un espacio para responder no garantiza una oportunidad equivalente de ser escuchado.

El daño puede continuar fuera de la pantalla. Una mentira puede deteriorar relaciones laborales, provocar desconfianza en una familia o cerrar oportunidades profesionales. También puede afectar el descanso y la tranquilidad de quien la padece. La persona termina cargando con el costo de defender su nombre y, además, con la incertidumbre de no saber quién creyó la historia. Su silencio, por agotamiento o por decisión propia, no vuelve verdadera la acusación.

Esto también ocurre en conversaciones privadas y grupos de mensajería. La envidia, el enojo, la ambición o el deseo de venganza pueden convertirse en motivos para perjudicar a un compañero de trabajo, un familiar o alguien que fue considerado amigo. Ninguno justifica inventar hechos. Cuando alguien obtiene satisfacción del descrédito ajeno, está tratando a otra persona como un obstáculo que puede eliminar mediante el engaño.

La herida puede ser más profunda cuando la mentira viene de quien alguna vez recibió apoyo de la víctima. Se rompe una confianza construida durante años. La gratitud no exige obediencia ni impide discrepar o denunciar una conducta real; sí nos invita a reconocer el bien recibido. Utilizar una antigua cercanía para fabricar acusaciones o aprovechar confidencias con intención de lastimar revela una falta de lealtad y de respeto a la dignidad del otro.

Hay una responsabilidad ética de quienes reciben esos mensajes. Repetir un rumor sin examinarlo puede multiplicar el daño y darle una apariencia de credibilidad. Decir «a mí me lo contaron» no resuelve ese problema moral. Antes de compartir una acusación conviene preguntar de dónde sale, qué la respalda y si estamos convirtiendo una enemistad privada en una condena colectiva.

El derecho exige distinguir. Los artículos 6 y 7 constitucionales protegen la expresión y la difusión de ideas, al tiempo que reconocen límites relacionados con la vida privada y los derechos de terceros. Una opinión incómoda no equivale, por sí misma, a una conducta ilícita. Las opiniones y los juicios de valor deben distinguirse de las afirmaciones sobre hechos que pueden comprobarse. Inventar un comportamiento y atribuírselo a una persona plantea un problema jurídico diferente del desacuerdo con sus ideas.

La Suprema Corte ha reconocido que las personas con proyección pública deben tolerar un escrutinio más intenso. En los supuestos en que corresponde aplicar el estándar de malicia efectiva, una inexactitud no basta: cobra relevancia que se difundan hechos falsos con conocimiento de su falsedad o con negligencia inexcusable. La condición de la persona afectada, el interés público y el contexto deben examinarse. Proteger el honor exige respetar también el espacio del periodismo y de la crítica ciudadana.

La afectación al honor o a la reputación puede dar lugar a responsabilidad civil por daño moral. Como referencia en el ámbito federal, el artículo 1916 del Código Civil Federal reconoce esas afectaciones, mientras el 1916 Bis protege el ejercicio constitucional de la opinión y la información. En cada asunto debe determinarse la legislación aplicable, que puede ser local, y acreditarse los elementos de responsabilidad exigibles. Sentirse agraviado no produce automáticamente una indemnización; tampoco el uso de un perfil falso demuestra por sí solo quién lo administra.

Existe, además, el derecho de réplica. Los artículos 2, 3 y 4 de su ley reglamentaria permiten solicitar aclaraciones frente a información falsa o inexacta que cause un agravio, cuando provenga de los sujetos obligados previstos en esa ley. Su procedencia debe revisarse en cada caso, sin suponer que cualquier cuenta particular queda automáticamente comprendida. Es una vía para responder a información perjudicial, distinta de reclamar la reparación del daño.

Esa protección jurídica necesita medios efectivos para hacerse valer. Conservar publicaciones, fechas, enlaces y mensajes puede ayudar a documentar lo ocurrido; identificar al responsable y atribuirle la conducta requiere pruebas obtenidas legalmente. En el trabajo, las quejas deben investigarse con seriedad y permitir que la persona señalada sea escuchada. La existencia de denuncias falsas nunca debe servir de pretexto para ignorar denuncias auténticas ni castigar a quien pide ayuda.

La honestidad también consiste en corregir lo que compartimos cuando descubrimos que era falso. Quien difundió una acusación debería procurar que la aclaración llegue a las mismas personas. Y acompañar a quien fue injustamente señalado implica escucharlo sin exigirle que pase la vida demostrando su inocencia ante cada nuevo rumor. Ahí los valores se vuelven una forma concreta de justicia.

Cambiar una cultura no depende de una campaña ocasional ni de una asignatura aislada. Requiere familias que eduquen con el ejemplo, escuelas que permitan preguntar y autoridades que respeten las reglas que aplican. También necesita instituciones capaces de escuchar y personas dispuestas a reconocer sus propios errores. La transformación pierde credibilidad cuando siempre se exige a los demás y nunca modifica la conducta propia.

Rescatar los valores no significa regresar a una sociedad rígida ni imponer una sola manera de pensar. Significa construir acuerdos mínimos que permitan vivir entre personas diferentes: respeto a la dignidad, rechazo a la violencia, cumplimiento de la palabra, responsabilidad por los propios actos, solidaridad con quien enfrenta una desventaja y apego a la legalidad. La diversidad no amenaza esos acuerdos. Al contrario, los vuelve necesarios.

La educación universal y de calidad es el punto de partida porque ofrece herramientas para comprender el mundo, cuestionar abusos y tomar mejores decisiones. Pero debe ir acompañada de oportunidades reales. Pedir esfuerzo sin combatir desigualdades profundas convierte el mérito en un discurso vacío. Una beca, una escuela accesible o el apoyo para continuar estudiando pueden hacer una diferencia concreta. El esfuerzo personal y la obligación pública de reducir esas barreras deben avanzar juntos.

La sociedad que deseamos no aparecerá de un día para otro. Se construye en decisiones pequeñas: cumplir una regla aunque resulte incómoda, escuchar antes de juzgar, rechazar un beneficio indebido, enseñar a nuestros hijos con paciencia y participar en los asuntos comunes. El bien común deja de ser una aspiración lejana cuando cada persona entiende que sus actos privados también tienen consecuencias públicas.

Ese es el desafío de nuestro tiempo. No basta con pedir que cambie la cultura. Tenemos que cambiar la manera en que entendemos el éxito, ejercemos la autoridad, educamos, cumplimos la ley y convivimos con quienes no piensan como nosotros. La transformación comienza cuando los valores dejan de servir para juzgar a los demás y empiezan a orientar nuestra propia conducta. También cuando defendemos la dignidad de alguien que no está presente para responder y nos negamos a convertir una mentira en su condena.

Sobre el autor.

Ricardo López Henaine es doctor en Derecho Público, abogado y académico universitario.

Fuentes consultadas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 6 y 7, texto vigente con reformas publicadas al 2 de junio de 2026. Cámara de Diputados. Consulta en línea.

Piaget, Jean (1932). Le jugement moral chez l’enfant [El juicio moral en el niño]. París: Félix Alcan. Presentación de la obra por el Centre Jean Piaget, Universidad de Ginebra. Consulta en línea.

UNESCO (2023). Recomendación sobre la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la Comprensión Internacional, la Cooperación, las Libertades Fundamentales, la Ciudadanía Mundial y el Desarrollo Sostenible. Consulta en línea

Código Civil Federal, artículos 1, 1916 y 1916 Bis. Texto vigente, última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025. Cámara de Diputados. Consulta en línea.

Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, artículos 2, 3 y 4. Texto vigente, última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025. Cámara de Diputados. Consulta en línea.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales. Libertad de expresión y periodismo. Cuadernos de Jurisprudencia, núm. 1. Criterios sobre el honor, el sistema de protección dual y la malicia efectiva. Consulta en línea.