¿QUIÉN CUIDA NUESTRO VOTO?

Cuando vamos a votar, damos por hecho que nuestro voto será respetado. Llegamos a la casilla, marcamos nuestra boleta y regresamos a casa confiando en que nuestra decisión será contada correctamente. Pero pocas veces nos preguntamos quién vigila a quienes organizan las elecciones.

Y hoy esa pregunta resulta especialmente incómoda.

Durante los últimos días, medios nacionales han dado a conocer señalamientos sobre contratos millonarios, empresas proveedoras y posibles conflictos de interés relacionados con el Instituto Nacional Electoral. La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación que también comprende a los organismos electorales locales.

Entre los hallazgos que motivaron esta revisión aparecen empresas que facturaron cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores, algunas sin uno solo.

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En Veracruz, los cuestionamientos alcanzan al OPLE. Se han señalado cinco contratos con dos empresas proveedoras de materiales electorales por más de 454 millones de pesos. Tan solo dos contratos de 2025 superan los 282 millones.

Pero mi preocupación va mucho más allá del dinero.

También existen señalamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios y proveedores, así como versiones de una presunta intervención de particulares en la contratación de personal del organismo.

Y aquí está el fondo del asunto: una cosa es que una empresa venda materiales electorales y otra muy distinta que pudiera influir en quiénes trabajan dentro de la institución que organiza nuestras elecciones.

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Porque si el árbitro estuviera comprometido de antemano, ¿de qué serviría que los ciudadanos saliéramos a votar?

Una autoridad electoral no solamente cuenta votos. También contrata personal, adquiere materiales, organiza procedimientos y toma decisiones que pueden influir en el desarrollo de una elección. Por eso, si se comprobara que intereses particulares intervienen en su funcionamiento interno, estaríamos ante un problema mucho más grave que una contratación cuestionada.

Una estructura electoral comprometida podría afectar la vigilancia de los procedimientos, la custodia de los materiales y la independencia de quienes deben aplicar las reglas por igual. Y entonces el problema comenzaría mucho antes de que se instalara la primera casilla. No estoy afirmando que tengamos elecciones amañadas. Estoy advirtiendo que, si una institución pierde su independencia, también se debilitan las garantías que permiten a los ciudadanos confiar en sus resultados.

Y tampoco podemos aceptar que, frente a estos cuestionamientos, la discusión termine en quién gobernaba antes o quién firmó el primer contrato. Que se investigue todo, sin importar el año ni el partido. Pero las responsabilidades del pasado no pueden utilizarse para evadir las del presente.

En 2027 los veracruzanos volveremos a las urnas. Por eso, las contrataciones cuestionadas deben investigarse, los posibles conflictos de interés deben esclarecerse y los resultados tienen que conocerse públicamente.

Desde el Congreso también tenemos la responsabilidad de exigir esas respuestas. No basta con señalar lo que está mal; debemos vigilar que las investigaciones avancen y que, si se acreditan irregularidades, existan consecuencias. Porque la democracia no puede conformarse con abrir las casillas y contar las boletas. También necesita garantizar que nadie tenga comprometido al árbitro antes de que comience la elección.