Comités de Veracruz denuncian presiones con “La Clínica es Nuestra” en Veracruz

Integrantes de los Comités de Salud en Veracruz denunciaron que funcionarios del IMSS-Bienestar buscan intervenir en la contratación de empresas para realizar obras y adquirir equipamiento mediante el programa federal La Clínica es Nuestra, pese a que la selección de proveedores corresponde a los ciudadanos que administran los recursos.

De acuerdo con los denunciantes, durante las últimas dos semanas se modificaron los procedimientos de contratación para orientar a los comités hacia un grupo de al menos seis empresas que presuntamente cuentan con la autorización de funcionarios del sector salud en Veracruz.

Los inconformes señalaron a Roberto Ramos Alor, responsable del IMSS-Bienestar en la entidad, y a Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), por presuntamente intervenir en la integración del listado de proveedores que se pretende utilizar para ejecutar los proyectos.

La inconformidad surgió a partir de una reunión celebrada el martes 13 de octubre, convocada por Miriam Fajardo Soto, jefa del Departamento de Acción Comunitaria de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, a la que asistieron representantes de los comités ciudadanos y facilitadores de la Secretaría de Bienestar.

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Durante el encuentro también participó un funcionario del IMSS-Bienestar, quien comunicó cambios en los procedimientos que hasta entonces permitían a los comités seleccionar a sus proveedores mediante acuerdos adoptados en asamblea.

Según los testimonios, algunos representantes ciudadanos acudieron a la reunión con cotizaciones previamente solicitadas a empresas para realizar trabajos de mejoramiento y adquirir bienes destinados a las unidades médicas.

Sin embargo, Hugo Cristian Mora Mávil, identificado como jefe de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Regional Veracruz Norte del IMSS, les indicó que debían ajustar sus procedimientos de contratación y considerar a las empresas incluidas en una relación previamente avalada por la institución.

En videos del encuentro se observa la presentación de representantes de empresas interesadas en obtener contratos. De acuerdo con los denunciantes, al menos seis proveedores habrían recibido el visto bueno de funcionarios del sector salud y ofrecieron realizar trabajos en distintas regiones de Veracruz.

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Los integrantes de los comités cuestionaron que personal de las instituciones de salud intervenga en decisiones que, conforme al esquema de participación ciudadana del programa, deben tomarse mediante asambleas de los beneficiarios.

La Clínica es Nuestra es una estrategia del Gobierno federal que destina recursos al mejoramiento de unidades médicas y contempla la participación directa de la población en la identificación de necesidades, la definición de proyectos y la administración de los fondos.

Para ello, se constituyen comités integrados por una presidencia, secretaría, tesorería y vocalías, incluida una representación de la unidad médica. El programa también considera mecanismos de contraloría social para supervisar el ejercicio de los recursos.

Los denunciantes explicaron que, bajo el procedimiento que venían utilizando, los integrantes de cada comité podían solicitar cotizaciones, comparar propuestas y determinar mediante asamblea qué empresas contratarían para ejecutar las obras o suministrar el equipamiento.

No obstante, afirmaron que ese mecanismo comenzó a modificarse después de los anuncios federales relacionados con la universalización de los servicios de salud y la ampliación de consultorios, cuando representantes del IMSS-Bienestar plantearon asumir una mayor participación en la ejecución de los proyectos.

A juicio de los inconformes, la intervención de funcionarios en la selección de proveedores podría generar conflictos de interés y favorecer la asignación de contratos a determinadas empresas. Sin embargo, las acusaciones no constituyen por sí mismas evidencia de irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Los integrantes de los comités sostuvieron, además, que las instrucciones comunicadas durante la reunión carecen del respaldo del Gobierno federal, aunque no presentaron documentación que permita establecer si existe alguna disposición administrativa que haya modificado las reglas de operación del programa.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, para revisar los cambios anunciados y determinar si corresponden a las disposiciones que regulan la administración de los recursos.

También pidieron investigar la presunta participación de Ramos Alor y Rivera Pinete en la selección de las empresas promovidas ante los comités, así como esclarecer los criterios utilizados para integrar el listado de proveedores.

Los inconformes recordaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respaldado la participación ciudadana en las decisiones sobre el mejoramiento de las unidades de salud, por lo que consideraron necesario garantizar que ese mecanismo se mantenga en Veracruz.

Finalmente, insistieron en que las contrataciones deben realizarse mediante acuerdos de los propios comités, sin condicionamientos para favorecer a proveedores determinados.

Hasta el momento de la denuncia, no se había consignado una respuesta de los funcionarios señalados sobre los cambios atribuidos al IMSS-Bienestar ni sobre la presunta autorización de las empresas mencionadas por los representantes ciudadanos.

JRG