Ordenan investigar a juzgador que encarceló a exjueza Angélica Sánchez

Veracruz, Ver.- El juez Roberto Santos Maldonado Morales será investigado por el Ministerio Público Federal por presuntamente incumplir una suspensión de amparo que protegía la libertad de Francisco Javier Rivera Hidalgo, quien fue enviado a prisión pese a contar con esa medida judicial.

Santos Maldonado Morales también es conocido por su participación en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, a quien vinculó a proceso y mantuvo en prisión preventiva en junio de 2023, después de que fuera detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el recurso de queja 350/2026 el pasado 15 de octubre y determinó que el vencimiento de una suspensión de amparo no exime de posibles responsabilidades por incumplirla mientras estaba vigente.

El 11 de febrero de 2026, el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, con sede en Xalapa, concedió una suspensión definitiva a Francisco Javier Rivera Hidalgo mediante el amparo 1231/2025. La medida protegía su libertad personal, sin impedir que continuara el proceso penal estatal.

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Santos Maldonado Morales fue notificado al día siguiente, sin embargo el 18 de febrero, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, determinó cambiar el resguardo domiciliario del procesado por prisión preventiva justificada durante seis meses.

Rivera Hidalgo permanecía en su domicilio desde el 1 de abril de 2025, hasta que la orden judicial derivó en su traslado a un centro penitenciario.

Ante esta decisión, la defensa promovió una impugnación. En el recurso de queja 156/2026, el Tribunal Colegiado concluyó que el encarcelamiento contravenía la suspensión federal. Más adelante, una jueza de Distrito determinó que ya no era posible devolver al procesado al resguardo domiciliario, pues la medida de protección había dejado de surtir efectos.

Tras una nueva impugnación, los magistrados ordenaron turnar el caso al Ministerio Público Federal para investigar si el juez incumplió la suspensión de amparo y determinar si existen elementos para proceder penalmente en su contra.

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La Ley de Amparo, en su artículo 262, fracción III, establece sanciones de tres a nueve años de prisión, además de multa, destitución e inhabilitación para servidores públicos que desobedezcan una suspensión debidamente notificada.

La intervención de la Fiscalía federal no implica que el juzgador haya sido imputado ni que exista una declaración de culpabilidad. La responsabilidad deberá acreditarse conforme al procedimiento legal.